En este sentido, la pregunta de investigación penal sobre la posibilidad de la prevención del delito parece obviada (aunque no superada) por la visión de las Naciones Unidas. Sin embargo, ha de decirse que la Organización de las Naciones Unidas (onu) no se centra exclusivamente en fórmulas punitivas, sino que ofrece una diversidad de medidas de política pública aptas para prevenir el delito bajo programas de prevención “bien planificados”.
5Estas medidas comprenden asuntos tan diferentes como la promoción del bienestar de las personas mediante el desarrollo socioeconómico, la inclusión social, la salud y la educación; los medios de información de víctimas reales y potenciales sobre situaciones propicias al delito; la asistencia para la reintegración social de los delincuentes e, incluso, la reducción de riesgos delictivos mediante el “diseño ambiental” de los espacios públicos. La prevención de los delitos no se concentra exclusivamente en el sistema penal. Mientras que en este sistema la prevención suele reducirse en pensar la correlación entre pena y delito, existen diferentes instituciones y mecanismos jurídicos y no jurídicos que operan desde fuera del sistema penal para prevenir el delito. Muchas veces, sistemas normativos no penales como el derecho civil o disciplinario, o también sistemas no jurídicos como la religión, la familia o la profesión, pueden participar en el proyecto de prevención, incluso de una manera más determinante que lo penal.
La política criminal reúne a todas las ciencias penales, penitenciarias, policiales
y, finalmente, al aparato jurisdiccional punitivo del Estado, así como a todas las
políticas de intervención social de control. Hay variedad de motivos para el
comportamiento humano en toda
su diversidad y lo mismo aplica
determinadamente en cuanto a la
conducta de un criminal. El
elevado índice global de
violencia, al igual que el de los
delitos y sucesos criminales,
percibe mayor preferencia hoy
en día.
Es así como la Convención Anual
de Psiquiatría, APA (American
Psiquiatric Association), realizada en Pennsilvania en el 2002 que analizó el
vínculo de los trastornos mentales con la violencia y de la conducta agresiva.
Otras profesiones, así como gobiernos, países y organizaciones como la OMS
(Organización Mundial de la Salud) se han visto obligados y tiene la necesidad
ética y profesional de atender urgentemente esta anormalidad, dado su
amenazante y persistente acrecentamiento.
Neuman (1996) cita como ejemplos las zonas de tolerancia o zonas rojas en las que se flexibilizan las normas relativas a la prostitución y a otras actividades que el orden “normal” ve como ilegales, e incluso criminales en algunos casos, con objeto de evitar otras ilegalidades o que estas se extiendan a zonas de difícil control. En este mismo estudio, Neuman (1996) revisa la situación de Guantánamo con respecto a su utilización como campo de refugiados, tal como ocurrió en 1991 cuando miles de haitianos huyeron de su país por vía marítima tras el golpe contra el gobierno de Jean-Bertrand Aristide.
